Vicentin: aseguran que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para disponer por sí solo la intervención de una sociedad privada

Vicentin: aseguran que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para disponer por sí solo la intervención de una sociedad privada

Los efectos del decreto presidencial dentro del concurso preventivo de la empresa interfiere el ejercicio de una competencia, sostuvieron los abogados Hugo Luis Domingo y Agustín Moscariello

Por: Hugo Luis Domingo y Agustín Moscariello

El lunes pasado el presidente Alberto Fernández decidió a través del decreto de necesidad y urgencia intervenir la empresa Vicentin con el afán de expropiarla con el aval del Congreso Nacional.

En este sentido, mediante dicho decreto el Gobierno dispuso la intervención transitoria de la Vicentín por un plazo de sesenta días, la designación de un interventor y un subinterventor, con las facultades que el Estatuto de la sociedad otorga al Directorio y a su presidente, e invocando disposiciones de la ley de expropiación nacional, ordenó la ocupación temporánea anormal de las instalaciones de la empresa.

En primer lugar, la intervención administrativa es un medio de control de tipo represivo, y en ocasiones sustitutivo, que puede disponerse de oficio por una autoridad que ejerce el control sobre otra (puede ser el superior jerárquico respecto a los órganos inferiores, o, en el control administrativo, o el organismo central respecto de un ente autárquico que depende de él), en caso de configurarse una situación anormal, grave y continuada, en el funcionamiento de un órgano del Estado.

Y la autoridad administrativa sólo puede disponer la intervención de empresas o reparticiones públicas, pues la intervención a personas privadas únicamente puede ordenarla el Poder Judicial.

Una excepción a ese principio lo constituyen, por ejemplo, entre otros supuestos, los casos de incumplimientos contractuales por parte de empresas privadas concesionarias del Estado, que perturban la prestación del servicio público, o los casos en que la norma expresamente autorice este tipo de medidas con carácter preventivo, como ocurre con la ley de entidades financieras al otorgar atribuciones al Banco Central respecto de bancos privados, o con las potestades que otorga al Poder Ejecutivo la ley de abastecimiento. Lo cual nos dá la pauta del carácter excepcional de la intervención administrativa en personas jurídicas privadas.

Es que el ejercicio del poder de policía societaria por parte del Estado respecto de empresas privadas, no lo habilitan para tomar decisiones que corresponden a la órbita del Poder Judicial.

¿Qué surge al respecto del ordenamiento jurídico argentino? En primer lugar, la ley de sociedades, al regular específicamente la intervención de sociedades, no prevé otra forma de intervención que la judicial.

Por su parte, las leyes que regulan el ejercicio del poder de policía societario, tanto en el orden nacional como en la provincia de Santa Fe, solamente otorga competencia a los órganos de control (Inspección General de Personas Jurídicas) para “solicitar al juez competente” del domicilio de la entidad, las medidas previstas en el art. 303 de la ley de sociedades comerciales, entre ellas la intervención; pero no para ordenar por sí solos la intervención.

De allí entonces, que si la propia ley de fondo específica en materia societaria no prevé otra vía que la judicial para disponer la intervención sociedades privadas, y si de acuerdo a las leyes de policía societaria, los organismos administrativos con atribuciones específicas en esa materia, deben acudir al juez para pedir la intervención, no se advierten razones jurídicas para no aplicar el mismo criterio cuando quien decide la intervención a una sociedad privada es el Poder Ejecutivo Nacional.

A ello cabe agregar que el código civil y comercial no contiene un precepto similar al del art. 48 del código civil de Vélez Sársfield, que preveía la intervención de una entidad privada por decisión administrativa, y un recurso judicial contra la misma.

Sumado a esto, consideramos que, existiendo una “causa” judicial” en trámite, como es el caso del concurso preventivo de la sociedad Vicentín, la decisión del Presidente de intervenir la empresa en esas condiciones, viene a interponerse en el desarrollo de un proceso judicial ya radicado ante un tribunal competente, violentando el principio de división de poderes, pues por expreso mandato constitucional “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”(art. 109 Const. Nac.).

Al respecto, está claro que los efectos del decreto dentro del concurso preventivo interfieren el ejercicio de una competencia -la de intervención de la sociedad- que la ley concursal otorga exclusivamente al juez del concurso en ciertos y determinados casos.

Por lo que en base a los desarrollos precedentes, consideramos que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para disponer por sí solo, sin acudir al órgano judicial, la intervención de una sociedad privada como lo hizo.

Por otra parte, cabe preguntarse si los fines que se persiguen con su dictado no encuentran ya cobertura en la ley, tanto concursal, como laboral y procesal. Duda cuya dilucidación excede nuestro propósito y será materia de trabajos ulteriores .

Entonces, ¿La ilegitimidad del decreto afecta su vigencia? La respuesta a este interrogante debe ser negativa; esto es: pese a todas las consideraciones precedentes, la vigencia del decreto se mantiene intacta. Por tanto, si no media un nuevo acto estatal que ordene la suspensión de sus efectos, el que puede provenir de la misma autoridad que dictó el acto, del poder judicial -previa instancia de parte-, o del poder legislativo cuando aborde su tratamiento, el decreto rige plenamente y es obligatorio como cualquier norma jurídica.

Nota de redacción: Hugo Luis Domingo es Abogado (UCA), Profesor Titular de Instituciones de Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Parte Especial (UCA, Rosario), Director del Centro de Estudios de Derecho Administrativo, UCA, Rosario.

Agustín Moscariello es Abogado (UCA), Magíster en Derecho Administrativo (Universidad Austral), Profesor de Instituciones de Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Parte Especial (UCA, Sede Rosario).

Clarín

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